La noticia se venía escribiendo desde hace ya algún tiempo y, ciertamente, la prensa argentina así como la opinión pública del mismo país ya preveían los resultados de la votación del Senado de la Nación: finalmente la aerolínea que estaba en manos de la española Marsans ha sido expropiada y pasará a ser del Estado Argentino.
La medido incluye a la subsidiaria de cabotaje Austral que, desde su privatización hace ya 18 años ha vuelto a ser propiedad del Estado nacional luego de que el grupo que la operaba, la española Marsans incurriera en cesación de pagos, dejando una deuda de 890 millones de dólares.
La medida ha dejado sonrisas y enojos en Argentina y España y, a decir verdad, de ambas en los dos países pues muchos argentinos desconfían de la buena administración del Estado Argentino aunque otros se alegran que la Aerolínea de bandera vuelva a ser propiedad nacional.
Por su parte, Interinvest, accionista controlante de Aerolíneas Argentinas, criticó duramente la decisión del Senado y consideró que “la confiscación es arbitraria e ilegítima, porque contradice lo acordado entre Interinvest y el Estado Nacional en julio pasado, cuando el Gobierno argentino se comprometió a comprar” las aerolíneas.
Sin embargo, la medida adoptada fue otra: la iniciativa de expropiación que se gestaba en Argentina había generado tensión en medios empresariales de España que, sin embargo, quedaron expectantes de la decisión de las Cámaras de Diputados y Senadores de la Nación, siendo ésta última la que, en su votación declaró que Aerolíneas Argentinas y Austral son dos compañías “de utilidad pública”, con lo que pretendieron fundamentar la expropiación.
De esta manera, la medida adoptada garantiza la continuidad de las aerolíneas en cuestión y de los puestos de trabajo de los 9.000 empleados que se desempeñan en las mismas y para cuyo sustento el Estado argentino tuvo que hacer importantes aportes de capital en los últimos meses para afrontar los salarios y para que los aviones pudieran volar.
Luego de la medida, la relación política bilateral que solía ser muy buena entre ambos países parece haber sufrido un quiebre y el malestar entre los gobiernos ya no se puede disimular. Desde el gobierno español, algunos funcionarios han dejado saber que la decisión del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, con amplia representación en la Cámara de Senadores ha generado desagrado pues se ha avanzado sobre los derechos del grupo Marsans.
Fuente: La Nación
